FERNANDO G. MURIEL
La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural de Ávila, AMFAR, felicita a todas las mujeres de la provincia en este día en el que celebramos el trabajo que este colectivo desarrolla los 365 días del año, y denuncia la oportunidad pérdida por parte del Gobierno de Zapatero de haber dotado de la posibilidad de una cotitularidad real y efectiva en las explotaciones agroganaderas y no sólo sobre el papel, así como lo que consideran "el crimen que supone la futura Ley abortista del Sr. Rodríguez”.
AMFAR recuerda la discriminación que sufren un millón de mujeres rurales españolas por la falta de prestaciones sociales que es una reivindicación histórica en el seno de esta organización y coincide con la aprobación el pasado viernes, en Consejo de Ministros, del Real Decreto de Titularidad Compartida. Un Decreto que, nace con muchos años de retraso y no exento de polémica, ya que tenemos que lamentar que esta norma no ha contado con el consenso de las organizaciones de mujeres ni de las organizaciones profesionales agrarias españolas que llevamos dos décadas denunciado la situación de desamparo que sufren las mujeres en el campo.
El Decreto de Titularidad Compartida es de alcance limitado, siendo meramente un registro administrativo de las explotaciones agrarias; es decir, se trata de que los cónyuges que sean titulares de una misma explotación se inscriban en un registro que se habilitará en cada comunidad autónoma. No comparten que este Decreto sirva para dar respuesta a las verdaderas necesidades laborales de las mujeres en el campo español, ni tampoco que sea la medida esperada para que la mujer que realiza una actividad agrícola vea reconocido su trabajo y por tanto sus prestaciones sociales propias. Este Decreto tampoco recoge las realidades laborales concretas y distintas que tienen las mujeres rurales y que merecen una respuesta concreta y distinta, como es el caso de las que realizan un trabajo a tiempo parcial.
Por eso las mujeres de AMFAR en Ávila reivindican ayudas, bonificaciones yo incentivos en las cuotas de cotización para garantizar la incorporación de la mujer a la Seguridad Social, y esperan que estas medidas no tarden otros 20 años como ha tardado este Decreto que calificamos de parche que pretende engañar a las mujeres rurales de Ávila y España.
Además, consideran que el Decreto se olvida de la maternidad de las trabajadoras autónomas, un tema de vital importancia para las mujeres y el futuro de los 248 pueblos abulenses. Las titulares agrarias deben tener derecho a disfrutar de su maternidad, de su baja maternal, de su periodo de lactancia y de medidas adecuadas que permitan que su negocio siga funcionando, si de verdad queremos que la igualdad sea real y efectiva también en el medio rural, si de verdad queremos conciliar la vida familiar con la laboral.
Por último lamentan la aprobación del informe elaborado por la Comisión de Expertos sobre el Aborto en España, auspiciado por el Ministerio de Igualdad, y que también se aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Se oponen frontalmente a esta futura Ley que significa abrir las puertas al aborto libre en España, con la gravedad de que las niñas de 16 años podrán abortar voluntariamente sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores. Lo consideran una situación inconcebible que una niña de 16 años necesite una autorización de los padres para poder asistir a una excursión escolar, y no le haga hacer falta un permiso paterno para someterse a un aborto.
AMFAR recuerda la discriminación que sufren un millón de mujeres rurales españolas por la falta de prestaciones sociales que es una reivindicación histórica en el seno de esta organización y coincide con la aprobación el pasado viernes, en Consejo de Ministros, del Real Decreto de Titularidad Compartida. Un Decreto que, nace con muchos años de retraso y no exento de polémica, ya que tenemos que lamentar que esta norma no ha contado con el consenso de las organizaciones de mujeres ni de las organizaciones profesionales agrarias españolas que llevamos dos décadas denunciado la situación de desamparo que sufren las mujeres en el campo.
El Decreto de Titularidad Compartida es de alcance limitado, siendo meramente un registro administrativo de las explotaciones agrarias; es decir, se trata de que los cónyuges que sean titulares de una misma explotación se inscriban en un registro que se habilitará en cada comunidad autónoma. No comparten que este Decreto sirva para dar respuesta a las verdaderas necesidades laborales de las mujeres en el campo español, ni tampoco que sea la medida esperada para que la mujer que realiza una actividad agrícola vea reconocido su trabajo y por tanto sus prestaciones sociales propias. Este Decreto tampoco recoge las realidades laborales concretas y distintas que tienen las mujeres rurales y que merecen una respuesta concreta y distinta, como es el caso de las que realizan un trabajo a tiempo parcial.
Por eso las mujeres de AMFAR en Ávila reivindican ayudas, bonificaciones yo incentivos en las cuotas de cotización para garantizar la incorporación de la mujer a la Seguridad Social, y esperan que estas medidas no tarden otros 20 años como ha tardado este Decreto que calificamos de parche que pretende engañar a las mujeres rurales de Ávila y España.
Además, consideran que el Decreto se olvida de la maternidad de las trabajadoras autónomas, un tema de vital importancia para las mujeres y el futuro de los 248 pueblos abulenses. Las titulares agrarias deben tener derecho a disfrutar de su maternidad, de su baja maternal, de su periodo de lactancia y de medidas adecuadas que permitan que su negocio siga funcionando, si de verdad queremos que la igualdad sea real y efectiva también en el medio rural, si de verdad queremos conciliar la vida familiar con la laboral.
Por último lamentan la aprobación del informe elaborado por la Comisión de Expertos sobre el Aborto en España, auspiciado por el Ministerio de Igualdad, y que también se aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Se oponen frontalmente a esta futura Ley que significa abrir las puertas al aborto libre en España, con la gravedad de que las niñas de 16 años podrán abortar voluntariamente sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores. Lo consideran una situación inconcebible que una niña de 16 años necesite una autorización de los padres para poder asistir a una excursión escolar, y no le haga hacer falta un permiso paterno para someterse a un aborto.
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