La organización UPA-Ávila califica como abusivas las subvenciones públicas recibidas por las industrias lácteas asentadas en la región, y que ascienden sólo en los últimos cinco años a más de 44 millones de euros. Mientras tanto, la Junta se sigue negando a impulsar el sector productor con un fondo económico de 7 millones de euros.
Según un informe que obra en nuestro poder, las cantidades que se han repartido las industrias lácteas son las siguientes: Año 2008 (5,1 millones de euros), año 2007 (6,8 millones), año 2006 (12 millones), año 2005 (14 millones) y año 2004 (6,3 millones). Por ejemplo, a nivel provincial, la empresa abulense Luxtor en los últimos cinco años ha percibido un total de 800.330 euros.
Nuestra organización califica como sorprendente estos datos, y más teniendo en cuenta las continuas amenazas de algunas industrias beneficiarias de esas ayudas públicas para no recoger la leche en las explotaciones lácteas de nuestra comunidad autónoma y provincia, y a cambio importarla en grandes cantidades procedentes de Francia.
Este informe deja bien a las claras no sólo la falta de compromiso de las industrias lácteas de Castilla y León con los ganaderos de la región, sino la actitud del Gobierno autonómico, que destina suculentos fondos públicos a unas empresas que, en algunos casos, siguen sin asumir compromiso alguno con la región, y condenan directamente al abandono a cientos de ganaderos año tras año.
UPA-Ávila lamenta esta `condescendencia´ de la Junta hacia la industria, al igual que ocurre con la distribución, que actúa como auténtica `sanguijuela´ del sector productor, apoderándose de forma vergonzosa y consentida del trabajo del primer eslabón de la cadena de producción como es el ganadero.
Nuestra organización se pregunta si esta actitud pasiva del Ejecutivo regional es la que en realidad está determinando el bloqueo a la propuesta hecha por UPA, semanas atrás, para constituir un Observatorio de Precios en Castilla y León.
El objetivo de crear este mecanismo de defensa en la que participen productores, consumidores, industrias, distribución y administración busca sencillamente el análisis en la conformación de precios desde el origen hasta el destino, y corregir la especulación en la fase del eslabón comercial donde se produzca.
En todo caso, UPA-Ávila lamenta el comportamiento de la Junta de Castilla y León en la crisis del sector ganadero de vacuno de leche, puesto que está actuando en dirección contraria a otras comunidades autónomas, como Asturias, Cantabria o Galicia, donde sus gobiernos han puesto en marcha medidas de choque imprescindibles para frenar el cierre de explotaciones lácteas.
Según un informe que obra en nuestro poder, las cantidades que se han repartido las industrias lácteas son las siguientes: Año 2008 (5,1 millones de euros), año 2007 (6,8 millones), año 2006 (12 millones), año 2005 (14 millones) y año 2004 (6,3 millones). Por ejemplo, a nivel provincial, la empresa abulense Luxtor en los últimos cinco años ha percibido un total de 800.330 euros.Nuestra organización califica como sorprendente estos datos, y más teniendo en cuenta las continuas amenazas de algunas industrias beneficiarias de esas ayudas públicas para no recoger la leche en las explotaciones lácteas de nuestra comunidad autónoma y provincia, y a cambio importarla en grandes cantidades procedentes de Francia.
Este informe deja bien a las claras no sólo la falta de compromiso de las industrias lácteas de Castilla y León con los ganaderos de la región, sino la actitud del Gobierno autonómico, que destina suculentos fondos públicos a unas empresas que, en algunos casos, siguen sin asumir compromiso alguno con la región, y condenan directamente al abandono a cientos de ganaderos año tras año.
UPA-Ávila lamenta esta `condescendencia´ de la Junta hacia la industria, al igual que ocurre con la distribución, que actúa como auténtica `sanguijuela´ del sector productor, apoderándose de forma vergonzosa y consentida del trabajo del primer eslabón de la cadena de producción como es el ganadero.
Nuestra organización se pregunta si esta actitud pasiva del Ejecutivo regional es la que en realidad está determinando el bloqueo a la propuesta hecha por UPA, semanas atrás, para constituir un Observatorio de Precios en Castilla y León.
El objetivo de crear este mecanismo de defensa en la que participen productores, consumidores, industrias, distribución y administración busca sencillamente el análisis en la conformación de precios desde el origen hasta el destino, y corregir la especulación en la fase del eslabón comercial donde se produzca.
En todo caso, UPA-Ávila lamenta el comportamiento de la Junta de Castilla y León en la crisis del sector ganadero de vacuno de leche, puesto que está actuando en dirección contraria a otras comunidades autónomas, como Asturias, Cantabria o Galicia, donde sus gobiernos han puesto en marcha medidas de choque imprescindibles para frenar el cierre de explotaciones lácteas.
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