El Tribunal Superior de Justicia ha declarado nulos acuerdos de dos plenos en Arévalo sobre la modificación de ordenanzas fiscales

FERNANDO G. MURIEL
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Castilla y León ha declarados nulos de pleno derecho el acuerdo del pleno del 31 de diciembre de 2007, en el que se aprobaban definitivamente los expedientes de imposición y modificación de las ordenanzas. Asimismo, se anula también el acuerdo del pleno del 16 enero de 2008. Una sesión en la que se aprueban por segunda vez los mismos expedientes, sin anular ni revisar el acuerdo anterior del mes de diciembre.
Tras admitirse a trámite dicho recurso, y después de varios años en las que el PSOE ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno no se ajustó a la legalidad para aprobar las ordenanzas, “ahora, la justicia nos da la razón. Algo que demuestra que el Partido Popular se ha saltado a la torera la normativa que debe imperar en cualquier ayuntamiento en aras a que la transparencia sea el principal sustento de las decisiones políticas municipales”.
Para el Grupo de Concejales Socialistas, la sentencia recoge “que no hay duda de que la corporación demandada ha infringido el procedimiento para la aprobación y modificación de determinadas ordenanzas, puesto que el expediente se ha aprobado antes de que terminase el periodo para que se presentasen alegaciones”.
Los socialistas destacan que se declara la nulidad radical de los acuerdos adoptados con los votos favorables del Partido Popular , lo que supone la no aplicabilidad de las ordenanzas que se aprobaron.
Para el Grupo de Concejales Socialistas, “esta es una muestra más de la nefasta gestión económica que se lleva a cabo por parte del PP en el Ayuntamiento de Arévalo. Con este fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León queda demostrado que no es sólo el Partido Socialista el que detecta irregularidades en la gestión del consistorio, sino que los jueces consideran también, que ésta no está realizándose conforme a la legalidad”.

Alcalde
Por su parte Vidal Galicia Jaramillo, alcalde de la ciudad, ha manifestado que acata la sentencia del TSJ, pero que tras analizarla se valorará la posibilidad de plantear un recurso de casación.
Lo que considera el regidor es que el fallo no va contra la actualización de algunas ordenanzas fiscales, sino de cómo se debería haber aprobado estas ordenanzas fiscales para que entraran en vigor en 2008. De igual forma recuerda que tanto el IBI de naturaleza urbana como rústica no variaron. De la misma forma el aumento del dos por ciento no se aplicó en el recibo del primer semestre de tasa de tasa recogida de basura o en el del primer trimestre de recibo del agua, por lo que se aplicó en impuestos, tasas y precios públicos menores.
Vidal Galicia Jaramillo ha querido dejar claro que se trata de un defecto de forma al olvidares abrir un nuevo plazo de alegaciones para resolverlas, ya que la modificación de las tasas se realizaba para actualizarlas según con el incremento del Índice pe Precios al Consumo, IPC.