FERNANDO G. MURIEL
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de abril de 2010, deja meridianamente claro que la adjudicación del gobierno del PP a Iberpistas de la ampliación de la autopista A-6 incumplió la Directiva 93/37 sobre contratación pública. El máximo tribunal en materia de derecho comunitario afirma la improcedencia de la adjudicación, lo que cuestiona en su integridad la concesión a Iberpistas, ya que el contrato está formado por un todo que se desequilibra al declararse la ilicitud del procedimiento.
Centaurea y CC.OO. resaltan ahora las responsabilidades que el entonces gobierno del PP asumió al adjudicar a Iberpistas la ampliación de la autopista A-6, con especial incidencia en Jesús Merino y Ángel Acebes que vendieron el proyecto como una conquista para Segovia y Ávila. Es el momento de que estos políticos, y el PP todo de Ávila y Segovia, asuman el gravísimo error cometido y el perjuicio infringido a estas provincias, con un lastre de peajes que se ha visto incrementado notablemente precisamente por las “obras adicionales” finalmente introducidas en la adjudicación.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, al determinar que España incumplió las normas comunitarias en la adjudicación del contrato de concesión de obras para los dos tramos de la autopista A-6, en las provincias de Ávila y Segovia, sitúa de forma precisa la denuncia que Centaurea y CC.OO. de Ávila formularon en el año 2000 respecto a la concesión, y que está en el origen del procedimiento que ha seguido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El principal reproche es que se hayan necesitado diez años para llegar a una conclusión tan evidente como injusta desde el primer momento.
Las organizaciones Centaurea y CC.OO. sostuvieron desde un principio que la adjudicación obedecía a un acuerdo para prorrogar la gestión de los accesos a Madrid desde todo el noroeste en beneficio de Iberpistas, y que los ramales de Ávila y Segovia eran la coartada para conseguir la prórroga de la concesión del túnel de Guadarrama, verdadero objetivo de la operación. Han sido prolijos y denodados los esfuerzos para llevar a la Comisión Europea un asunto de esta dimensión, el tiempo jurídico ha corrido a una velocidad más lenta que los hechos consumados, pero la Sentencia del Tribunal Europeo abre una puerta a la razón, y el juicio sobre la ilícita adjudicación de ampliación de la A-6 está ahora plenamente determinado.
Se trata de un asunto que marcará el futuro de las adjudicaciones públicas en la UE, puesto que es el primer caso en el que se cuestiona la concesión de una autopista, indudablemente y con especial repercusión en España. El Tribunal Supremo español recibe un repaso con esta sentencia, ya que en su día estimó que no se había incumplido la Directiva 93/37 y ahora se le corrige, por lo que habrá de tomar en consideración la normativa europea sobre contratación pública e integrarla en sus decisiones.
Pero, sobre todo, se abre un espacio de importantísima repercusión para el propio futuro de la concesión a Iberpistas, y de los sistemas de gestión de la A-6. La sentencia condenatoria, puede facilitar la revisión de la concesión e inclusive que el Gobierno recupere la gestión sobre los nuevos tramos construidos. No tendría justificación que el papel de España se limitase a pagar los platos rotos del gobierno del PP, pagando la sanción que con seguridad recaerá sobre el Estado. Es el momento de establecer las condiciones para que la gestión de la A-6 redunde en beneficio de todos, el Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para que la anulación de la concesión posibilite la mejora de las comunicaciones y la eliminación de unos peajes que lastrarían la comunicación en exclusivo beneficio de Iberpistas.
Centaurea y CC.OO., las dos organizaciones que promovieron la actuación de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, asumen el compromiso de proseguir en el empeño de que la concesión revierta en beneficio de todos.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de abril de 2010, deja meridianamente claro que la adjudicación del gobierno del PP a Iberpistas de la ampliación de la autopista A-6 incumplió la Directiva 93/37 sobre contratación pública. El máximo tribunal en materia de derecho comunitario afirma la improcedencia de la adjudicación, lo que cuestiona en su integridad la concesión a Iberpistas, ya que el contrato está formado por un todo que se desequilibra al declararse la ilicitud del procedimiento.
Centaurea y CC.OO. resaltan ahora las responsabilidades que el entonces gobierno del PP asumió al adjudicar a Iberpistas la ampliación de la autopista A-6, con especial incidencia en Jesús Merino y Ángel Acebes que vendieron el proyecto como una conquista para Segovia y Ávila. Es el momento de que estos políticos, y el PP todo de Ávila y Segovia, asuman el gravísimo error cometido y el perjuicio infringido a estas provincias, con un lastre de peajes que se ha visto incrementado notablemente precisamente por las “obras adicionales” finalmente introducidas en la adjudicación.La Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, al determinar que España incumplió las normas comunitarias en la adjudicación del contrato de concesión de obras para los dos tramos de la autopista A-6, en las provincias de Ávila y Segovia, sitúa de forma precisa la denuncia que Centaurea y CC.OO. de Ávila formularon en el año 2000 respecto a la concesión, y que está en el origen del procedimiento que ha seguido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El principal reproche es que se hayan necesitado diez años para llegar a una conclusión tan evidente como injusta desde el primer momento.
Las organizaciones Centaurea y CC.OO. sostuvieron desde un principio que la adjudicación obedecía a un acuerdo para prorrogar la gestión de los accesos a Madrid desde todo el noroeste en beneficio de Iberpistas, y que los ramales de Ávila y Segovia eran la coartada para conseguir la prórroga de la concesión del túnel de Guadarrama, verdadero objetivo de la operación. Han sido prolijos y denodados los esfuerzos para llevar a la Comisión Europea un asunto de esta dimensión, el tiempo jurídico ha corrido a una velocidad más lenta que los hechos consumados, pero la Sentencia del Tribunal Europeo abre una puerta a la razón, y el juicio sobre la ilícita adjudicación de ampliación de la A-6 está ahora plenamente determinado.
Se trata de un asunto que marcará el futuro de las adjudicaciones públicas en la UE, puesto que es el primer caso en el que se cuestiona la concesión de una autopista, indudablemente y con especial repercusión en España. El Tribunal Supremo español recibe un repaso con esta sentencia, ya que en su día estimó que no se había incumplido la Directiva 93/37 y ahora se le corrige, por lo que habrá de tomar en consideración la normativa europea sobre contratación pública e integrarla en sus decisiones.
Pero, sobre todo, se abre un espacio de importantísima repercusión para el propio futuro de la concesión a Iberpistas, y de los sistemas de gestión de la A-6. La sentencia condenatoria, puede facilitar la revisión de la concesión e inclusive que el Gobierno recupere la gestión sobre los nuevos tramos construidos. No tendría justificación que el papel de España se limitase a pagar los platos rotos del gobierno del PP, pagando la sanción que con seguridad recaerá sobre el Estado. Es el momento de establecer las condiciones para que la gestión de la A-6 redunde en beneficio de todos, el Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para que la anulación de la concesión posibilite la mejora de las comunicaciones y la eliminación de unos peajes que lastrarían la comunicación en exclusivo beneficio de Iberpistas.
Centaurea y CC.OO., las dos organizaciones que promovieron la actuación de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, asumen el compromiso de proseguir en el empeño de que la concesión revierta en beneficio de todos.
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