FERNANDO G. MURIEL
El secretario de Desarrollo Rural de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Ávila, Jesús Caro, ha subrayado que Castilla y León es la Comunidad Autónoma más beneficiada en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), pues acapara el 17,4 % de los fondos establecidos para el conjunto de España, por lo que el incremento del presupuesto solicitado por el PP pretende servir de excusa a la Junta de Castilla y León para justificar su escaso interés en financiar el porcentaje que le corresponde.
Jesús Caro ha recordado que, de acuerdo con los criterios establecidos en su día por los gobiernos estatal y autonómicos, fue la Junta de Castilla y León la encargada de hacer la demarcación territorial de los municipios beneficiarios de este Programa y si finalmente éstos han aumentado, ha sido por la falta de diálogo de la Junta, que no consultó con ningún agente ni con los municipios afectados el desarrollo de esta norma.
Prueba de ello, según el responsable socialista, es que del total de alegaciones presentadas al documento del PDRS, el 94% procedían de Castilla y León y de este porcentaje, el 89% eran de ayuntamientos gobernados por el PP.
Por tanto, ha añadido, más que un exhaustivo trabajo del PP de Ávila para modificar el mapa, en realidad, lo que ha habido, además de una labor rigurosa del PSOE de Castilla y León para corregir la situación, es una rebelión de alcaldes del PP ante el rodillo que inicialmente quiso emplear la Junta en la elaboración del listado de zonas que iban a acogerse al Programa.
Según Jesús Caro, la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que tiene como objetivo corregir los desequilibrios entre la calidad de vida del medio urbano y del medio rural, es una buena ley que se ha encontrado con una mala aplicación por parte de la Junta de Castilla y León.
Al respecto, el PSOE lamenta que el Gobierno de Juan Vicente Herrera siga sin tener el desarrollo rural entre sus prioridades, como así demuestra el continuo éxodo de mujeres y de jóvenes del medio rural y que existan en la Comunidad autónoma más de 500 municipios por debajo de los 100 habitantes.
En este sentido, Jesús Caro ha pedido al PP y al presidente Juan Vicente Herrera, un cambio de la política de desarrollo rural, al tiempo que le ha instado a no caer en la continua contradicción que supone reclamar por un lado más competencias y por otro, no ejercer las que tiene atribuidas.
Jesús Caro ha recordado que, de acuerdo con los criterios establecidos en su día por los gobiernos estatal y autonómicos, fue la Junta de Castilla y León la encargada de hacer la demarcación territorial de los municipios beneficiarios de este Programa y si finalmente éstos han aumentado, ha sido por la falta de diálogo de la Junta, que no consultó con ningún agente ni con los municipios afectados el desarrollo de esta norma.
Prueba de ello, según el responsable socialista, es que del total de alegaciones presentadas al documento del PDRS, el 94% procedían de Castilla y León y de este porcentaje, el 89% eran de ayuntamientos gobernados por el PP.
Por tanto, ha añadido, más que un exhaustivo trabajo del PP de Ávila para modificar el mapa, en realidad, lo que ha habido, además de una labor rigurosa del PSOE de Castilla y León para corregir la situación, es una rebelión de alcaldes del PP ante el rodillo que inicialmente quiso emplear la Junta en la elaboración del listado de zonas que iban a acogerse al Programa.
Según Jesús Caro, la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que tiene como objetivo corregir los desequilibrios entre la calidad de vida del medio urbano y del medio rural, es una buena ley que se ha encontrado con una mala aplicación por parte de la Junta de Castilla y León.
Al respecto, el PSOE lamenta que el Gobierno de Juan Vicente Herrera siga sin tener el desarrollo rural entre sus prioridades, como así demuestra el continuo éxodo de mujeres y de jóvenes del medio rural y que existan en la Comunidad autónoma más de 500 municipios por debajo de los 100 habitantes.
En este sentido, Jesús Caro ha pedido al PP y al presidente Juan Vicente Herrera, un cambio de la política de desarrollo rural, al tiempo que le ha instado a no caer en la continua contradicción que supone reclamar por un lado más competencias y por otro, no ejercer las que tiene atribuidas.
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