FERNANDO G. MURIEL
La Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de 557.379,90 euros para fomentar el empleo agrario mediante la financiación de los costes salariales y, en su caso, los extrasalariales y la cotización empresarial a la Seguridad Social de 385 trabajadores desempleados, preferentemente agrarios, contratados en 43 municipios abulenses, todos ellos en las comarcas de Tierra de Arévalo y La Moraña, así como en el Valle del Tiétar.
Las localidades que se beneficiarán de este acuerdo son Aldeaseca, Barromán, Bercial de Zapardiel, Bernuy de Zapardiel, El Bohodón, Cabezas de Alambre, Cabezas del Pozo, Candeleda, Cantiveros, Castellanos de Zapardiel, Cisla, Constanzana, Cuevas del Valle, Flores de Ávila, Fontiveros, Fuente El Sáuz, Fuentes de Año, Gavilanes, Guisando, Hernansancho, Horcajo de las Torres, El Hornillo, Langa, Lanzahíta, Madrigal de las Altas Torres, Mamblas, Mombeltrán, Muñosancho, Narros del Saldueña, Nava de Arévalo, Pajares de Adaja, Palacios de Goda, Papatrigo, Pedro Bernardo, Pedro Rodríguez, Poyales del Hoyo, Rasueros, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle, San Vicente de Arévalo, Sinlabajos, Tiñosillos y Villarejo del Valle.
El ámbito geográfico de los Consejos Comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal viene determinado en función de los índices de desempleo y la especial dificultad de acceso al mercado de trabajo de los desempleados de la zona.
Los trabajadores a contratar deben pertenecer a un colectivo específico, ya que han de ser trabajadores desempleados, preferentemente eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Igualmente, las obras y servicios a ejecutar deben ser de interés social y utilidad pública en periodos de inactividad agraria. Los trabajadores agrarios sólo pueden ser contratados mientras no existan campañas agrícolas a las que puedan acceder por tratarse de un empleo adecuado.
La concesión de estas subvenciones se desprende del acuerdo sellado en el marco del Plan Regional de Empleo 2007-2010, por el cual la Junta de Castilla y León se compromete a complementar la financiación que la Administración del Estado aporta para eliminar los desajustes entre zonas rurales deprimidas y el resto de poblaciones. Para ello, el Ejecutivo Regional viene aportando anualmente y durante la vigencia del citado Plan hasta un máximo de 1.607.708 euros, destinados a incentivar la contratación de trabajadores del sector agrario.
De esta forma, la Junta de Castilla y León mantiene el doble compromiso de reducir los desequilibrios socioeconómicos en las zonas rurales de la Comunidad, así como de optimizar los recursos de las distintas Administraciones implicadas, de acuerdo con lo suscrito con los representantes de los agentes sociales el 17 de junio de 1997, en el marco del Diálogo Social para el Desarrollo Socioeconómico de Castilla y León, reiterado a su vez en el Plan Regional de Empleo 2007-2010.
Administración del Estado
Las localidades que se beneficiarán de este acuerdo son Aldeaseca, Barromán, Bercial de Zapardiel, Bernuy de Zapardiel, El Bohodón, Cabezas de Alambre, Cabezas del Pozo, Candeleda, Cantiveros, Castellanos de Zapardiel, Cisla, Constanzana, Cuevas del Valle, Flores de Ávila, Fontiveros, Fuente El Sáuz, Fuentes de Año, Gavilanes, Guisando, Hernansancho, Horcajo de las Torres, El Hornillo, Langa, Lanzahíta, Madrigal de las Altas Torres, Mamblas, Mombeltrán, Muñosancho, Narros del Saldueña, Nava de Arévalo, Pajares de Adaja, Palacios de Goda, Papatrigo, Pedro Bernardo, Pedro Rodríguez, Poyales del Hoyo, Rasueros, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle, San Vicente de Arévalo, Sinlabajos, Tiñosillos y Villarejo del Valle.
El ámbito geográfico de los Consejos Comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal viene determinado en función de los índices de desempleo y la especial dificultad de acceso al mercado de trabajo de los desempleados de la zona.
Los trabajadores a contratar deben pertenecer a un colectivo específico, ya que han de ser trabajadores desempleados, preferentemente eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Igualmente, las obras y servicios a ejecutar deben ser de interés social y utilidad pública en periodos de inactividad agraria. Los trabajadores agrarios sólo pueden ser contratados mientras no existan campañas agrícolas a las que puedan acceder por tratarse de un empleo adecuado.
La concesión de estas subvenciones se desprende del acuerdo sellado en el marco del Plan Regional de Empleo 2007-2010, por el cual la Junta de Castilla y León se compromete a complementar la financiación que la Administración del Estado aporta para eliminar los desajustes entre zonas rurales deprimidas y el resto de poblaciones. Para ello, el Ejecutivo Regional viene aportando anualmente y durante la vigencia del citado Plan hasta un máximo de 1.607.708 euros, destinados a incentivar la contratación de trabajadores del sector agrario.
De esta forma, la Junta de Castilla y León mantiene el doble compromiso de reducir los desequilibrios socioeconómicos en las zonas rurales de la Comunidad, así como de optimizar los recursos de las distintas Administraciones implicadas, de acuerdo con lo suscrito con los representantes de los agentes sociales el 17 de junio de 1997, en el marco del Diálogo Social para el Desarrollo Socioeconómico de Castilla y León, reiterado a su vez en el Plan Regional de Empleo 2007-2010.
Administración del Estado
En relación con el Plan de Fomento de Empleo Agrario, del que se benefician 43 municipios de la provincia de Ávila, conviene aclarar que se trata de un programa cofinanciado por las administraciones estatal y regional.
El presupuesto total del mismo se sitúa en torno a los 1,9 millones de euros, de los que el Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE, aporta alrededor de 1,3 millones de euros, que se suman a la cantidad aprobada por la Administración autonómica y con la que se completa la cuantía del citado Plan.
El presupuesto total del mismo se sitúa en torno a los 1,9 millones de euros, de los que el Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE, aporta alrededor de 1,3 millones de euros, que se suman a la cantidad aprobada por la Administración autonómica y con la que se completa la cuantía del citado Plan.
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